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Foto del escritorAndrea Quezada (Asociada Senior / Senior Associate)

La legislación como un medio para reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos.

¿Sabías que hay 690 millones de personas que sufren hambre diariamente cuando hay suficiente comida para alimentar a todos los habitantes del planeta? Nos hemos acostumbrado a ver en nuestra vida diaria abundancia por un lado y carencia por el otro, particularmente este artículo se refiere a las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) que es un problema complejo por los impactos ambientales que genera y su afectación en la seguridad alimentaria.


Alrededor de un cuarto o un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial para consumo humano, se pierden o se desperdician. América Latina y el Caribe se encuentra en el tercer puesto de las regiones que más generan pérdidas o desperdicios de alimentos lo cual convierte esta situación en un gran reto debido a que 47 millones de los habitantes de la región están en una situación de hambre.


Esta alarmante situación y otros temas de igual urgencia han llevado a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adoptar la Agenda 2030 que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el Objetivo 12 que incluye entre sus metas que se reduzca a la mitad el desperdicio de alimentos en la venta al por menor y al nivel de los consumidores, así como reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2030.


La relevancia de la reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos (PDA) a través de toda la cadena alimenticia no es solamente un esfuerzo para reducir la inseguridad alimentaria, sino que también para reducir los diversos impactos económicos y ambientales relacionados al uso de la tierra, energía, agua y gases de efecto invernadero.  Por lo que el Estado, como uno de los actores principales, juega un papel fundamental para establecer políticas públicas, normas y leyes para prevenir y reducir las PDA; un marco legal armonizado (es decir, que incluya también los esfuerzos en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental) es vital para enfrentar este problema.


De conformidad con el estudio denominado ¨Avances legislativos sobre prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe¨ elaborado por el Dr. Hugo A. Muñoz U., catedrático de la Universidad de Costa Rica y miembro del Observatorio del Derecho al a Alimentación en América Latina y el Caribe como parte de un equipo multidisciplinario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se establece que siete países cuentan con una ley PDA y se habían presentado 56 proyectos de ley.   Dicho estudio clasifica las medidas legislativas en cuatro categorías: 1) aquellas que definen el rol de las instituciones, 2) las dirigidas a los comerciantes, 3) las que buscan reforzar los aspectos técnicos de los procesos de producción y distribución, y 4) medidas que desarrollan la noción de proximidad en la distribución de alimentos.


Las primeras medidas incluyen temas tales como la autoridad a cargo, el establecimiento de políticas públicas, la coordinación entre instituciones estatales, recopilación de datos y publicación de la información. Las segundas medidas están dirigidas a los comerciantes al regular temas como la donación voluntaria u obligatoria, exenciones fiscales, etiquetado y acceso a créditos blandos. Las terceras medidas se enfocan en el refuerzo de aspectos técnicos que abarcan la innovación tecnológica, la infraestructura rural, la economía circular y la agroecología. La última categoría de medidas pretende desarrollar proximidad en la distribución de alimentos mediante la instauración de bancos de alimentos y proyectos tales como refrigeradores comunales o vecinales.


El Dr. Muñoz en el precitado estudio, brinda una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen que las leyes expliquen la relevancia de regular las PDA, implementen medidas para evaluar los efectos de su aplicación y que tengan un enfoque amplio (no solo la donación de alimentos). De igual manera, que las leyes incluyan medidas para que no se apliquen criterios de apariencia para descartar alimentos y que indiquen un orden de los beneficiarios para otros usos no alimentarios. Asimismo, que se considere el rol del Estado en proyectos de servicios de alimentación tales como comedores escolares y en la adopción de políticas públicas, así como en implementar programas de educación y capacitación para que los habitantes puedan cambiar sus hábitos. Finalmente, que se aliente al sector privado mediante la inclusión de incentivos fiscales para que sea más llamativa la donación de alimentos que destruirlos o desecharlos.


Los Estados tienen diferentes opciones para reducir los PDA tales como la implementación de políticas nacionales, campañas educativas para concientizar a los consumidores finales, inversión en nuevas tecnologías e implementaciones de medidas legislativas. En este último caso, es importante que aquellos países latinoamericanos que todavía no cuenten con una legislación PDA implementen políticas y leyes armonizadas con un sistema de evaluación de implementación de las mismas. De esta manera, los Estados pueden ejercer un rol en prevenir las PDA mediante el incentivo de la donación de alimentos, mejoras tecnológicas, estableciendo un etiquetado estándar, fomentando programas educativos, así como otras acciones para afrontar esta problemática.

 

Referencias bibliográficas

a)       FAO. Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe.  http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/239393/ 

b)       FAO. 2019. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Roma. http://www.fao.org/3/ca6030es/ca6030es.pdf Este informe presenta las siguientes definiciones para distinguir entre pérdidas y desperdicios: “Empíricamente, se consideran las pérdidas de alimentos que se producen a lo largo de la cadena desde la cosecha, el sacrificio o la captura hasta el nivel minorista, pero sin incluirlo. El desperdicio de alimentos, por otro lado, se produce en el nivel de la venta al por menor y el consumo.”.

c)       FAO. 2019. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Roma. Recuperado de: http://www.fao.org/3/ca6030es/ca6030es.pdf

d)       UN. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/

e)       Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, V, http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf (2011)

f)        FAO, 2017. Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América Latina y el Caribe Cuarto Boletín. http://www.fao.org/3/a-i7248s.pdf

g)       Muñoz Ureña, H.A. 2021. Avances legislativos sobre prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. FAO Estudio Legislativo N.° 116. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cb2889es.

 

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